Prostitución y tráfico de mujeres y niñas:

un problema global

 

Documento de trabajo

 

Carolina Coddetta

Noviembre 2009

Introducción

 

En las últimas década, la prostitución ha adquirido otro matiz como problema social; dejó de ser un pequeño “cáncer” local, de poca importancia, tolerado,  ignorado y/o con frecuencia aceptado como inevitable y omnipresente en todas las culturas “desde siempre” por ser considerado “el oficio más antiguo del mundo”.  Hoy en día se le reconoce como un fenómeno social de gran envergadura que afecta a millones de mujeres y que proporciona enormes beneficios con riesgos muy pequeños. Su estrecha relación con el problema del tráfico de personas (casi exclusivamente mujeres y niñas) lo hace aún más lucrativo y amenazante por el gran poder que se desarrolla detrás de él para defender y asegurar los beneficios monetarios.

 

El tráfico de personas se ubica en diferentes niveles: a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional hay países emisores (que se encuentran principalmente en Asia, África, América Latina y el Caribe). En Europa y América del Norte se ubican los países receptores. En América Latina y el Caribe se nombran, como países emisores Bolivia, Ecuador, Haití. Estimaciones globales del número de personas traficadas anualmente van de 600.000 a cuatro millones. La explotación sexual representa a 79 por ciento del tráfico humano, mientras que el trabajo forzado 18 por ciento. La explotación de las mujeres y la explotación sexual tienden a estar mejor documentada. Los casos de trabajo forzado, de servidumbre doméstica, de robo de órganos y de explotación de niñas y niños son menos informados.[1]

 

La principal razón de este desarrollo fue que, en las últimas décadas del siglo XX, la dinámica económica internacional impulsó a los países más pobres del planeta a desarrollar los sectores del ocio y turismo y esto hizo que se convirtieran en centro de turismo sexual, o en países exportadores de mujeres para alimentar la demanda de prostitución en los países más ricos. Ya se habla de industria y mercado global del sexo. Hay países que aprovechan de estos beneficios para alimentar sus cuentas nacionales.

 

Estas transformaciones en las coordenadas internacionales hicieron  cambiar la perspectiva acerca de la prostitución: lo que generalmente se consideraba un “pequeño cáncer social”, se transformó, por obra de la globalización, en negocio muy jugoso y de poco riesgo, que ya no es posible controlar y que termina siendo un tráfico de seres humanos.

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Para los que apoyan la abolición, la prostitución es una forma de violencia contra la mujer. La normativa internacional fue un campo de ardua batalla en las últimas décadas. A continuación se presentan algunos argumentos para el debate.

 

a. Hay un consenso básico en cuanto a prohibir la prostitución de menores de 18 años, o prostitución infantil. Pero, en la realidad, a pesar de la prohibición, el número de menores involucrados en este tipo de actividad va en aumento. Por tal razón, algunas ONG que trabajan en esta área defienden la postura que no se puede separar la prostitución infantil de la prostitución adulta. A  la niña en situación de prostitución se le violan los derechos desde tres niveles: como niña, es decir menor de edad; como mujer, cuando se reduce su valor al cuerpo como objeto sexual; como mujer-niña en situación de prostitución, cuando se le atribuye mayor valor a su cuerpo por ser niña. Esto promueve la demanda, la cual a su vez da mayor impulso a  la oferta.

 

b. El fenómeno de la prostitución es antiguo y está presente en todas las sociedades. Ha sufrido transformaciones para adaptarse a los nuevos tiempos pero en esencias sigue teniendo las mismas prácticas. Sus características fundamentales son los siguientes:

- por el sólo hecho de ser el oficio más antiguo del mundo es aceptable y hasta con derecho a existir por un supuesto papel profiláctico que cumple en la sociedad;

- supone la libre elección de las mujeres;

- quien lo practica, lo hace por gusto, es decir, se asume el placer de las prostitutas como motivación última.

- Los actores involucrados son los usuarios, los intermediarios y las mujeres y niñas.

 

Con frecuencia el comportamiento de los clientes o usuarios es explicado por la antigua hipótesis del impulso sexual masculino difícilmente controlable[2]. Hay culturas en las cuales el “consumo de la prostitución está bien visto, bien valorado, no está desprestigiado. Los clientes son invisibles, nadie les acosa ni les amenaza, da igual que se aprovechen o bien de la esclavitud, o de la pobreza, o de la ignorancia, o de la drogadicción.”[3]  Normalmente el usuario no es perseguido, sino, más bien, protegido, ya que el Estado se preocupa de  garantizar la salud del cliente a través de un documento que la mujer en situación de prostitución debe llevar siempre consigo; en él se registra su edad, identidad, y el cumplimientos de la obligación de control médico periódico (en Bolivia, por ejemplo, se le llama control de matrícula,[4]en Venezuela, carnet rosado. Esos controles representan una marca o estigma que acompaña a la mujer para siempre y son utilizados a pesar de que la Convención de 1949, Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,  prohíbe la existencia de cualquier registro que identifique a la mujer en situación de prostitución..

 

En cuanto al intermediario  o “prostituidor” se puede señalar que este actor adquirió un inmenso poder por la organización en redes y por la asociación con el tráfico ilícito de drogas. De hecho, las redes están organizadas en niveles jerárquicos, adaptadas a las nuevas tecnologías y sistemas de información para el comercio de los cuerpos de las mujeres, y, finalmente, potenciadas en su eficiencia por la globalización. Ellas forman poderosas organizaciones delictivas internacionales que generan grandes beneficios y presentan pocos riesgos para los traficantes. Además cuentan con estructuras complejas de carácter tradicional que funcionan a diferentes niveles económicos y políticos tanto en los países de origen como de destino.[5] El negocio que rodea la prostitución y el tráfico de mujeres y niños ha pasado a ser el segundo gran negocio del mundo, después del tráfico de drogas, relegando al tercer lugar el tráfico de armas. En ciertos países, es más rentable el tráfico de personas que el de las drogas.[6] Además, los riesgos son muy bajos porque su represión reviste dificultades excepcionales tanto en el orden judicial como policial.[7] Finalmente, estas redes constituyen un fenómeno social calificado por Kofi Annan como una nueva plaga para la humanidad,  llamada la esclavitud del siglo XXI.

 

Por lo que se refiere a las mujeres y niñas involucradas hay que señalar que la práctica de la prostitución deja en ellas huellas indelebles, traumas insuperables, y sobre todo no tiene nada que ver con el placer sexual. Cuando es considerada un trabajo como otro se ve en ella una transacción comercial respetable, siempre que se desarrolle según lo pautado por las leyes.

En cuanto a la motivación para entrar en la prostitución, las investigaciones señalan variados factores: el atractivo del dinero fácil (espejismo), la presión consumista, la libertad sexual generalizada, el menor control cultural, el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo.  Por otro lado se señala que aun cuando la práctica de la prostitución no está penalizada, las mujeres que se dedican a ella están hostigadas y perseguidas, por eso buscan la protección del proxeneta. Finalmente, la sociedad en general tiene muy poca simpatía por las víctimas de la prostitución y del tráfico. El estigma social asociado al oficio marca a la mujer para toda la vida y es muy difícil de superar.

 

Progresivo reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos

 

Paralelamente a la escalada del mercado del sexo, se han venido desarrollando muchas iniciativas  por parte de las ONG que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Los Organismos Internacionales formularon Convenciones que serían ratificadas por todos los países integrantes de las Naciones Unidas. En una perspectiva cronológica, la evolución progresiva de la toma de conciencia por parte de la sociedad de la violación de los Derechos Humanos se centró primeramente en la Declaración de los Derechos del Hombre, en 1948, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. El año siguiente, en 1949  se formuló la Convención de las Naciones Unidas “Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena” que se pronuncia en forma abiertamente abolicionista con relación a la prostitución, por considerarla incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana. Además incluye un llamamiento a los gobiernos para que adopten una. legislación nacional e internacional (a nivel regional) consecuente con sus principios. Sin embargo, actualmente ya no se considera suficiente su efectividad y se solicita la adopción de un protocolo adicional que refuerce sus mecanismos de control y de aplicación.[8]

 

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la  Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que enfoca más específicamente la defensa de los derechos humanos asociados al ser mujer. Su artículo 6: Tráfico y Prostitución de la mujer y la niña  establece lo siguiente: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.” También la CEDAW sigue la orientación abolicionista de la Convención de 1949. La CEDAW entró en vigor en 1981, y todos los países que la ratificaron desde entonces tienen la obligación de entregar periódicamente un informe sobre los avances realizados tanto en el aspecto legislativo como en el aspecto operativo para alcanzar los objetivos propuestos por la Convención.

 

La respuesta de los Organismos Internacionales frente al crecimiento vertiginoso del tráfico de seres humano a nivel mundial, fue la Convención contra la delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños[9].

 

En 1998, frente a la complejidad y envergadura del problema, la Organización Internacional del Trabajo optó por impulsar el reconocimiento de la prostitución no sólo como un trabajo que otorga derechos laborales a quien lo ejerce, sino como uno de los sectores económicos, el sector del sexo, capaz de proporcionar importantes ingresos fiscales para los países.[10] Aceptando esta posición, algunos países reglamentaron la prostitución, otros siguieron en su lucha hacia la abolición.

 

La preocupación por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución surgió inicialmente en Europa, entre los grupos de mujeres que venían trabajando hace años por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que  tuvieron que enfrentarse con el caso más flagrante de desigualdad: la explotación y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. “Si las leyes acuerdan a todos los seres humanos el derecho a la integridad física y psicológica, la prostitución es fundamentalmente una negación de este derecho.”[11] Sólo en la presente década se reconocieron plenamente los derechos humanos de las prostitutas; antes eran consideradas por la población en general como seres despreciables, sin derecho a nada. Por eso en la relación prostituta-cliente la culpa era de la prostituta, nunca se culpabilizaba al cliente. Constituían uno de los grupos de mujeres absolutamente marginados y olvidados. “Mientras que las prostituta no tengan sus derechos humanos reconocidos, ninguna mujer se puede sentir segura” así reza una pancarta exhibida en una manifestación por los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Se exige el reconocimiento de sus derechos humanos y sus libertades civiles, incluidos el derecho a la libertad de expresión, la libertad deambulatoria, el derecho a inmigrar, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la maternidad y el derecho al subsidio de paro, así comoel derecho a la seguridad sanitaria y a la vivienda. Y se pide que todos estos derechos sean garantizados por los Estados.

 

El debate internacional

 

A pesar de que, desde la segunda mitad del siglo XX, se han producidos cambios culturales que han favorecido el surgimiento de una nueva conciencia sobre los derechos humanos, la lucha por su defensa se enfrenta a la  existencia de valores culturales contradictorios en una realidad cambiante. La nueva visibilidad conquistada por la mujer para la sociedad y para sí misma, el cambio en la percepción de los DD HH de la persona y especialmente de la mujer, y la transformación de la actitud hacia la sexualidad, que hasta llevó a pensar que con la libertad sexual disminuiría la prostitución, son la base  sobre la cual se desarrolla el debate internacional entorno a la prostitución. Los términos del debate son: LEGALIZACIÓN (reconocimiento, reglamentación o regularización)  vs. ABOLICIÓN.

 

El planteamiento de la reglamentación alega que el crecimiento exponencial del mercado del sexo exige medidas de control inmediatas y de fácil aplicación. Está de acuerdo con la prohibición de la prostitución infantil pero, al mismo tiempo, señala la existencia de personas adulta que ejercen la prostitución de forma voluntaria, y que tienen derecho a ejercerla en las mejores condiciones, lo que contribuiría a eliminar el estigma que tanto pesa sobre ellas. También señala que, con frecuencia, cuando la filosofía abolicionista guía las decisiones políticas, se presentan problemas que en lugar de favorecer a las mujeres como se pretende, acaban empeorando su situación, dejándolas más desprotegidas..”. Por ejemplo, la penalización de los clientes empeora las condiciones de trabajo porque los tratos tienen que ser rápidos y semiclandestinos, con lo que las trabajadoras del sexo terminan perdiendo en estas negociaciones.[12] Igualmente, se castigan las más visibles, las que ejercen en la calle, y así fomenta la prostitución clandestina.  Finalmente, la prostitución no es un problema que involucre a todas las mujeres, sino que es considerado un problema menor.

 

Los argumentos del planteamiento abolicionista se centran en la consideración que la prostitución es una forma de esclavitud y que la prostituta es la máxima representación de la mujer como objeto sexual. Esta visión de la mujer es propia de la sociedad patriarcal en la cual la mujer es percibida en función del hombre y se encuentra ubicada en una posición de desventaja y de permanente desigualdad, en relación a la distribución del poder.

 

En síntesis, en cuanto a la prostitución se afirma que “no puede ser considerado como un trabajo algo que implica y genera violencia, vejación, desprotección, desprecio y marginalización. Es una explotación. Es la traducción de una estructura social sexista y patriarcal. Es una forma de dominación del hombre sobre la mujer. Es la sumisión de la sexualidad del sexo femenino al masculino. Es un reflejo y un síntoma de la desigualdad entre los dos sexo.”[13]

La prostitución no es una opción libre, sino el fruto de condiciones de pobreza, desigualdad, experiencias de abuso sexual y malos tratos en la infancia; todo estos factores ponen a la mujer en condiciones de debilidad. En esencia, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales

El rechazo al abolicionismo revela una falta de voluntad de los Gobiernos para adoptar medidas preventivas, punitivas y de rehabilitación. En el sistema reglamentarista pasa desapercibida la actuación del cliente, de los proxenetas y la responsabilidad del Estado.

El abolicionismo se opone a hacer distinciones entre la prostitución adulta e infantil, puesto  que la relación de dominación es aun más evidente en la prostitución infantil y el consentimiento en un menor es más vulnerable.[14] Además, no es suficiente prohibir la prostitución infantil; mientras se siga teniendo la imagen de la mujer como objeto para el placer del hombre, se seguirán buscando mujeres más y más jóvenes y se aceptarán los mitos alrededor de las virtudes curativas de las relaciones sexuales con niñas.

 

El factor clave entre las dos posiciones es el consentimiento: hay que diferenciar aquellas situaciones en las que se obliga a una persona a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, mediante la violencia, el chantaje, la coacción o el engaño, de la ejercida por voluntad propia. Sólo la prostitución forzada debería ser prohibida. Sin embargo no es siempre fácil probar que es realmente voluntaria, es decir que hay consentimiento.

Por otro lado se piensa que la prostitución nunca es libre. Detrás de la tan a menudo citada creencia que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, habría que preguntarse: ¿hay realmente mujeres dispuestas a ejercer el oficio? Un oficio se escoge. “Ninguna mujer en el mundo se levanta por la mañana y decide que quiere ser prostituta”[15] Ni las niñas, ni las adolescentes, ni las adultas optan libremente por ejercer la prostitución…siempre ha habido, además de los valores patriarcales imperantes que ejercen presión sobre ellas, alguna circunstancia económica o de violencia que ha determinado su entrada en el oficio.

 

La situación de la prostitución es muy compleja. Evidentemente el resorte del mercado es determinante y los patrones culturales favorecen el proceso de crecimiento exponencial de la industria del sexo en el mundo globalizado. Hay países que han optado por la abolición (Suecia), otros que han liberalizado el mercado del sexo (ej. Holanda) porque consideran que la prostitución es un mal menor y reconocen el proxenetismo como una actividad económica lícita[16]; otros han evitado tomar posición (España), otros simplemente aprovechan los aportes monetarios para sus cuentas nacionales.

Hay que abordar el problema de fondo: ¿puede existir una sociedad sin prostitución?

Se ha visto que los cambios culturales son posibles sin embargo no se puede esperar que la sociedad cambie en un corto plazo. Habría que cambiar los  estereotipos tradicionales del patriarcado según los cuales los hombres pueden tener acceso al cuerpo de las mujeres a cualquier precio. “La juventud tiene que aprender a valorar las relaciones humana, que el sexo no está en venta, que es necesario acabar con la prostitución y con el tráfico de mujeres y niñas.”[17]  Existen preguntas espinosas como, por ejemplo “¿por qué siempre se focaliza el problema de la prostitución sobre las mujeres y no sobre los hombres que compran servicios sexuales, que son los que generan la demanda de este comercio?”[18]

 

En las sociedades modernas se  han observado cambios significativos a través del tiempo, por ejemplo, frente a la esclavitud, a la autoridad ilimitada de los padres hacia los hijos, a la violencia contra la mujer. Ya estamos en buen camino en la lucha contra la violencia ejercida hacia la mujer en el matrimonio, aunque,  hasta hace muy poco, se le consideraba un problema de carácter privado, invisible, por lo cual intervenir representaba una violación de la vida íntima de la pareja. Por su parte la mujer no se rebelaba por miedo a la sanción social. “Algo habrá hecho para merecer eso…!” . Se elegía ignorar el problema, por lo tanto se volvía invisible, no existía.

Puesto que la cultura puede cambiar sólo poco a poco la lucha contra la explotación sexual consiste en crear condiciones para que la prostitución ya no sea nunca más un medio de supervivencia para las mujeres. Y, al mismo tiempo, hay que dar protección legal para evitar la explotación y eliminar la ilegalidad; aunque fueran sólo una minoría, las mujeres que quisieran ejercer el oficio voluntariamente, tienen derecho a protección.

 

 

Situación de la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas en Venezuela 

 

También en Venezuela la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años. Como vimos anteriormente, en el ámbito internacional se considera que atentan contra los derechos humanos más fundamentales, derechos que deben ser protegidos por los gobiernos de todos los países que hayan firmado y ratificado la Convención contra la delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños[19].

 

La atención del gobierno venezolano ha sido enfocada principalmente a la lucha contra la trata de personas, como respuesta a las presiones a nivel internacional que se concretan en las iniciativas de organizaciones tales como la Organizaciones Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF, entre otras. Estas organizaciones promueven la colaboración y el intercambio de experiencias entre los diferentes países para cumplir con los compromisos asumidos a través de los convenios internacionales firmados y ratificados. Además, desde el año 2000, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha publicado anualmente un informe calificando a casi todos los países del mundo en función de los esfuerzos que realizan para eliminar la trata de personas[20].

Desde el año 2004 se ha incrementado notablemente en Venezuela tanto el tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial, como la prostitución infantil (Explotación Sexual Comercial Infantil, ESCI), con o sin vinculación con el tráfico.

Venezuela ha participado en numerosas conferencias y reuniones presentando informes detallados de sus actividades. Estos informes oficiales, constituyen la base de la información a la cual se puede acceder a través de las páginas WEB de esas organizaciones; a nivel nacional sólo se puede complementar la información con algunos artículos de prensa, ya que los organismos públicos nacionales no permiten el acceso directo a la información que ellos producen.

 

Tráfico de personas en Venezuela

A partir de los primeros años de la presente década, ha surgido en Latinoamérica una gran preocupación por el incremento del tráfico de personas, especialmente mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Venezuela era considerada únicamente un país de tránsito: mujeres colombianas, dominicanas, bolivianas y ecuatorianas llegaban y eran transferidas a un país destino[21]. Las autoridades consideraban que el problema no era grave y los organismos internacionales clasificaban a Venezuela como un país de origen y destino de nivel intermedio en Latinoamérica[22]. Por su parte, el Estado Venezolano empezó a reconocer la existencia del tráfico de personas pero considerando el país como un punto de tránsito solamente, no de origen ni de destino, por lo tanto, la trata de mujeres, niñas y niños siguió siendo considerada un problema de poca gravedad.

 

Sin embargo, la situación evolucionó y en el año 2004 el Informe Anual sobre Tráfico de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos[23] ubicó a Venezuela en el renglón 3, correspondiente a los países que no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación de las formas severas de la trata, según lo establecido en el Acta de Protección a las Víctimas de la Trata (TVPA), ni hacen esfuerzos significativos para alcanzarlos. [24]

 

En el Informe del año 2008, la posición de Venezuela mejoró, ya que fue clasificada en el renglón 2, pero con la condición de estar bajo observación por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico ilícito de personas[25], y por no proporcionar suficientes evidencias de proteger las víctimas de dicho tráfico. La pequeña mejoría se debió, entre otras razones, a la aprobación de la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que llenó un vacío legislativo, ya que la anterior legislación no contemplaba medidas de castigos suficientemente severas para este tipo de crimen.

 

En el Informe del año 2009[26] (correspondiente al periodo abril 2008 - marzo 2009), una vez más Venezuela fue ubicada en el renglón 2 bajo observación, porque a pesar de haber realizado esfuerzo en la lucha contra el tráfico de personas, no se produjeron resultados tangibles, específicamente porque no se verificaron procesamientos, ni condenas ni sentencias de personas responsables del tráfico ni se fortalecieron significativamente los programas de protección a las víctimas; tampoco se emprendieron acciones para desalentar la demanda del comercio sexual.[27]

 

Explotación sexual comercial infantil ESCI

 

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, por ser ilícita, es una realidad oculta, y que además no se quiere ver. Aun cuando puede ser fácilmente detectada por la noche en los bares, hoteles, burdeles y bulevares, sigue siendo invisible en las políticas y programas. Por largo tiempo ha sido un tema ignorado también por los medios. Tampoco existen cifras confiables que permitan visualizar la gravedad del problema. Según el Informe de la Agencia PANA (enero-diciembre de 2004), La Niñez y Adolescencia en los Medios – Venezuela[28], el problema más grave es la falta de actualización, y en muchos casos hasta la inexistencia de datos estadísticos que permitan la evaluación y el registro de los logros alcanzados o dificultades encontradas en la implementación de políticas y planes para el abordaje de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Faltan los parámetros que permitan hacer comparaciones y evaluaciones del impacto de los diferentes programas y políticas públicas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando se realizó este estudio, el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no aparecía ni como noticia en los periódicos. Eso contribuía a que esta práctica clandestina cobrara cada día mayor fuerza, por su invisibilidad. 

 

En los últimos tres años se puede rastrear una mayor cantidad de noticias en la prensa nacional. Así se conoce que de tiempo en tiempo se ejecutan allanamientos de centros de explotación sexual infantil, generalmente en las grandes ciudades tales como Caracas[29] y Maracaibo[30], pero también en centro urbanos menores como Coro[31], entre otros. En el 2008 el representante de Desarrollo Social de la Alcaldía de Baruta (Edo Miranda) consiguió 6 niñas en actividades de explotación sexual[32]. En Delta Amacuro la Defensoría del Pueblo[33] declaró que en el sector Hoja de Lata, donde se encontró recientemente una veta de oro, ha habido un desplazamiento de mineros y hay muchachas menores de edad que están siendo utilizadas con fines sexuales.

En algunos casos se sospecha que los padres están en conocimiento de estas actividades. Para el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert, hay un auge en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y en la mayoría de los casos con la benevolencia de sus madres y padres[34].  En Maracaibo se encontró el caso de un adolescente de 14 años víctima de explotación sexual comercial inducida por la propia madre[35]. En Puerto La Cruz  (Edo. Anzoátegui) entre las 30 trabajadoras sexuales que laboran diariamente en el casco central de la ciudad, se encuentran varias menores, víctimas de la explotación sexual comercial, a veces impulsada por la propia madre.[36]

Sin embargo, sólo en algunos casos se habla de redes; en el caso de Coro la prensa habló de redes y en Caracas detuvieron a un peruano que se dedicaba al tráfico de adolescentes hacia Europa para que sirvieran de damas de compañía.[37] En San Francisco (Edo. Zulia) se investigó una red de explotación sexual infantil en un centro recreacional[38]. 

Con relación a la incidencia de la prostitución en zonas fronterizas, se han producido denuncias de tráfico de niños y niñas en el Táchira (frontera con Colombia). No hay cifras oficiales, sin embargo un vocero de la Iglesia Católica[39] dice que  se trata de situaciones muy graves, desde extracción de órganos para venderlos, hasta explotación sexual comercial infantil y juvenil. Los niños y niñas secuestrados, que pertenecen a familias con escasos recursos, son llevados a Colombia y vendidos. Este problema subsiste a pesar de que, desde el 2004,  se está implementando un Plan de Acción Binacional de Protección Integral a la Infancia y Familia en la frontera colombo-venezolana (2004), a cargo del Consejo Nacional de Derechos del Niño y el Adolescente (CNDNA).

La policía brasileña ha descubierto una red dedicada a la prostitución de menores que operaba en la frontera con Venezuela y, al parecer, tenía entre sus clientes a varios militares del Ejército venezolano, que no ponían obstáculos para la salida de combustibles hacia Brasil a cambio de los servicios sexuales de las menores de edad[40].

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se ejerce en Caracas en por lo menos 10 zonas claramente definidas[41]. Tampoco en la capital existen cifras oficiales o, en todo caso, no son públicas. Lamentablemente, las acciones emprendidas por los entes responsables se limitan a operativos aislados que terminan siendo simplemente de profilaxia social y con eso se trata a las niñas y adolescentes involucradas como delincuentes cuando en realidad son víctimas. Un experto de CECODAP, opina que es necesario tener un programa para acompañarlas, brindarles la oportunidad de que aprendan un oficio, se sigan calificando y puedan generar recursos. Es fundamental crear una política pública en este sentido: tener diagnósticos, sistemas de vigilancia, equipos de investigación asignados especialmente a ese problema, apoyo psicológico y terapéutico[42].

Algunas autoridades ejercen una acción más continua para buscar una solución pero son casos aislados como el de un Prefecto de Caracas[43] que intentaba perseguir a los explotadores sexuales de adolescentes. Iniciaron un operativo para detectar lo sitios donde se está ejerciendo la explotación sexual comercial infantil, en vista de las denuncias recibidas, y ya han visitado 40 establecimientos comerciales. Cuando las diferentes instancias logran colaborar, los resultados son más contundentes y se llega a perseguir los responsables.[44] Para ello, ese prefecto hizo un dramático llamado al comandante de la Policía Metropolitana, para que colabore con su despacho con el fin de combatir la explotación sexual comercial infantil, situación que calificó de muy grave porque hay adolescentes, entre los 13 y 17 años de edad, expuestas en diferentes centros nocturnos de la ciudad[45].

Un representante del Consejo Municipal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, explica que en Chacao (uno de los municipios de Caracas) cerca de 130 menores de edad son explotadas sexualmente. Afortunadamente, éste es el único municipio del país con un programa permanente para la educación en la calle. Junto con la ONG AMBAR, el municipio financia desde hace 3 años un programa para la asistencia psicológica a estos adolescentes, para su reinserción escolar y capacitación[46].

 

Explotación de menores en el turismo sexual

           

El turismo sexual en Venezuela, como factor de estímulo a la prostitución de jóvenes menores de edad, ha despertado en los últimos cuatro años una gran preocupación. Ya en el 2004 Venezuela figuraba como destino de turismo sexual y como parte de la “franja centroamericana”[47] hacia la cual se había trasladado el turismo sexual desde países asiáticos. En el XII Congreso Venezolano de Sexología (Argentina, 2008)[48], se señaló que México, Brasil y Venezuela encabezan la lista de los países más vulnerables ante este delito. Así mismo se advirtió sobre la gravedad del problema de la explotación sexual de menores como atractivo turístico en el Estado Nueva Esparta. Como ejemplo se puede mencionar que, por una denuncia recibida a través del Reino Unido, el Gobierno tuvo que tomar medidas y clausurar un hotel en Margarita que era destino de turismo sexual[49]. La ONG Fundación Oxígeno[50], que se ocupa de desarrollar programas de prevención contra el maltrato y el abuso de menores, está realizando una investigación sobre el problema del turismo sexual en Margarita[51] con el apoyo de ECPAT (End Children Prostitution and Tourism)[52].  Todavía no se conocen los resultados.

 

Violencia, maltrato y abuso de menores

 

Muchos de los estudios realizados en el área de la explotación sexual con fines comerciales sugieren que la violencia, el maltrato y el abuso de menores son condiciones que favorecen la prostitución en los niños y adolescentes. En Venezuela, los niños también son víctimas de la violencia imperante en el país. Un estudio realizado en el 2004[53] señala que se registraron 9,652 niños, niñas y adolescentes agraviados en hechos violentos, de los cuales 22,38% fueron asesinados o desaparecidos, otros 19,41% fueron víctimas de abuso sexual,  12,38% fueron víctimas de actos lascivos o sufrieron algún tipo de acoso sexual. Del total de homicidios registrados en el territorio venezolano en el mismo año, el 11.4% de las víctimas fueron niños y adolescentes (78% de ellos, varones). De ellos, el 93.79% son mayores de 10 años y el 23%, menores de 17. El Informe de CECODAP del año 2008[54], sistematiza las denuncias de violencia contra niños y adolescentes reseñadas por la prensa nacional. Se identifican cinco tipos de violencia: social,  familiar, estructural, educativa y sexual. De los 494 casos registrados por la prensa, 53,84% corresponden a violencia social, 21,05% a violencia familiar, 5,87% a violencia estructural, 2,42% a violencia educativa y 16,80% a violencia sexual. La violencia sexual afecta más a las niñas y adolescentes de sexo femenino, mientras que la violencia social golpea más a los menores de sexo masculino.

 

Avances en el marco legislativo

 

La Ley contra la Delincuencia Organizada, promulgada en el 2005, contempla en su Art. 16 la prohibición del tráfico a través de fronteras internacionales con fines de explotación laboral o sexual, y prescribe penas que van de 10 a 18 años de prisión. Con esta ley  se da inicio a la planificación de actividades para la lucha contra la trata.

 

La Ley Orgánica  para el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia fue aprobada en fecha 25 de noviembre de 2006, y recibió el ejecútese el 19 de marzo de 2007. El Art. 56 prohíbe el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado o esclavitud y prescribe una condena de 15 a 20 años. Los artículos 46 y 47 prohíben la prostitución forzada y la esclavitud sexual y llevan una condena de 15 a 20 años de cárcel, lo que representa un avance en relación con la legislación anterior que contemplaba penas menos severas.

 

En enero de 2006 la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, aprobó la creación de un proyecto de Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos.  Se inició el proceso de su elaboración. El año siguiente, se creó la Comisión Presidencial para la Educación, Prevención y Eliminación de todas las Formas de Abuso, Explotación Sexual y Comercial de los Niños, Niñas y Adolescentes[55]. No se tiene información sobre las actividades realizadas por esta Comisión.

 

Una “Propuesta de Ordenanza para la regulación del trabajo sexual en el Distrito Metropolitano de Caracas” fue elaborada por la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, con la participación del grupo de AMBAR,  para su presentación al Consejo Legislativo de la Alcaldía Metropolitana.  Las sesiones de trabajo se realizaron en los años 2004-2005. En cuanto a su contenido la Ordenanza busca establecer unas normas que permitan lograr el respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en las áreas de la salud, del control sanitario y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual; al mismo tiempo se busca establecer unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad del ambiente en el cual se desarrolla su trabajo.

Se esperaba su aprobación y puesta en ejecución para el  segundo semestre del año 2008, pero, por el cambio de autoridades derivado del proceso electoral, hubo la necesidad de realizar algunos ajustes y presentar la Ordenanza para una nueva discusión al cuerpo legislativo local de reciente elección. Sin embargo, intervinieron las fuerzas políticas con el objetivo de realizar cambios profundos en las estructuras institucionales locales de tal forma que la discusión de la Ordenanza fue nuevamente pospuesta (abril 2009).

 

La reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (2007)[56] incorporó el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo y convirtió a Venezuela en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en contar con una medida legislativa como esa.[57]

 

Formulación de planes

 

En el año 2006, en alianza con UNICEF, se elaboró el Plan de Acción de la República Bolivariana de Venezuela para Prevenir, Reprimir y Sancionar el delito de Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas. El objetivo del Plan era desarrollar acciones coordinadas entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional para prevenir, reprimir, sancionar y asistir integralmente a las víctimas de Trata de Personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las ONG participantes fueron: CECODAP; AVESA (Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa); AMBAR (Asociación Civil de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca). El Plan se materializó con la ejecución de cuatro mesas técnicas de trabajo, tres de las cuales se realizaron en el año 2006, y la cuarta en el mes de noviembre de 2007.  En las mesas se elaboró también el proyecto de la Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos, proyecto que había sido propuesto por la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, en enero del 2006.

 

En el mismo año 2006, se realizó en la isla de Margarita la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como fruto de la reunión se elaboró un Documento de Conclusiones y Recomendaciones. Hay que destacar la participación de diversas ONG que aportaron elementos para la elaboración del documento final. Las conclusiones se centraron en la importancia de implementar medidas preventivas, asegurar la persecución y castigo de los autores del delito, la protección y asistencia a las víctimas así como la cooperación entre los países de la región.

 

Resultados alcanzados

 

a. En el área de los derechos humanos

Gracias al trabajo realizado principalmente por las ONG, muchas trabajadoras sexuales han adquirido una mayor conciencia de sus derechos: no se dejan extorsionar y presentan denuncias cuando se sienten amenazadas por los cuerpos policiales. Por otra parte se ha reducido el número de operativos represivos por parte de los órganos policiales y ha disminuido la agresión contra las trabajadoras sexuales[58].  Igualmente se puede observar que  los medios de comunicación han empezado a utilizar un lenguaje más respetuoso y menos amarillista cuando presentan crónicas y fotos que involucran trabajadoras sexuales.

No se ha logrado la abolición del uso del carnet rosado (credencial exigida para el ejercicio de la prostitución), por lo que se sigue violando lo dispuesto por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, cuyo Art. 6 prohíbe la obligación de tener un registro o documento especial que la identifique como trabajadora sexual. Por el carnet rosado, las mujeres en situación de prostitución siguen siendo objeto de extorsión, presión y abuso por parte de funcionarios y policías. Dicha abolición estaba prevista en la “Propuesta de Ordenanza para la Regulación del Trabajo Sexual en el Distrito Metropolitano de Caracas” que nunca llegó a la etapa de aprobación por problemas políticos entre el gobierno central y el local. No se tiene información sobre el proyecto de la Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos, proyecto financiado por UNICEF en enero de 2006.

 

b. En el área de salud

La ONG AMBAR solicita anualmente al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la información oficial necesaria para actualizar el número de mujeres que ejercen la prostitución y acuden a los servicios sanitarios obligatorios. No se ha recibido todavía la información solicitada. Al momento de realizar la presente investigación el MPPS no había entregado tampoco las estadísticas sobre el Sida en Venezuela para su inclusión en el Informe Anual de la UNICEF[59].  

Afortunadamente, desde el año 2002, el MPPS presta apoyo técnico y económico a la ONG AMBAR que desarrolla actividades de prevención como parte del Programa Nacional de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS) del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

 

c. En el área de rehabilitación

No se conocen programas implementado por organismos gubernamentales que incluyan medidas de rehabilitación. No existe ningún tipo de programa oficial hacia mujeres en prostitución, sea de apoyo, amparo o reconversión hacia otras actividades. Esta tarea, por el contrario, sólo la realizan algunas ONG. Un programa del Instituto Metropolitano de la Mujer, concebido para dar apoyo a las mujeres de la tercera edad en situación de prostitución, no pudo ser implementado por falta de fondos, debido a la persecución política ejercida en contra de las autoridades electas que son opositores políticos.

 

d. En el área de reducción de la prostitución

No se conocen acciones emprendidas por los entes públicos para reducir específicamente la explotación sexual comercial de la prostitución.  Sin embargo, en la medida en que la trata pueda también alimentar la prostitución interna, el esfuerzo realizado por el gobierno venezolano para reducir la trata también representaría una reducción de la prostitución

En cuanto a desalentar la demanda, en 2005 CECODAP y UNICEF iniciaron una campaña para hacer un llamado a quitarse las manos de los oídos, la boca y los ojos, para poder ver la realidad del comercio sexual de niños y niñas y hacer algo al respecto. Únete contra la explotación sexual era el mensaje que apareció en afiches, trípticos y calcomanías, que comenzaron a difundirse por el país con la participación de actrices conocidas.[60]

 

e.En Prevención

No hay datos precisos sobre el tráfico de personas en Venezuela, se publica poco al respecto en los medios de comunicación masivos y, en general, no hay conciencia sobre el problema. Como hemos visto anteriormente, las actividades del gobierno venezolano en relación con la trata de personas son relativamente recientes. La organización gubernamental encargada de implementar lineamientos en materia de prevención de la trata de seres humanos es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Dirección General de Prevención del Delito, como Autoridad Central en la materia, designada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.140, de fecha 04 de marzo de 2005. Su función es coordinar una serie de medidas preventivas y de cooperación previstas en el artículo 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo en materia de Trata de Personas, 2000).

La información que se pudo recoger acerca de las acciones del gobierno venezolano para prevenir, reprimir y sancionar la trata, es la contenida en los informes oficiales presentados por el gobierno venezolano en diversas reuniones internacionales y/o en las elaboraciones hechas, con base a esos informes, por los organismos internacionales involucrados.

En el Informe presentado por la Secretaría Técnica de la OIM (Organización Internacional de Migraciones) en la Séptima Conferencia Sudamericanas sobre Migraciones que tuvo lugar en Caracas el 2 y 3 de julio de 2007[61], se presenta una compilación de las actividades realizadas por la OIM y sus contrapartes, hasta junio 2007.  En el caso de Venezuela se reporta que en el año 2005, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) y el Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia recibieron un Primer Seminario de Capacitación contra la Trata de Persona y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Organizado por OEA/OIM. Éste fue el primer espacio en el país donde se abordó el tema. También se recibió la donación de 5000 trípticos informativos sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

 A raíz de la capacitación de enero 2005, el gobierno venezolano, a través de la Dirección de Prevención del Delito comenzó a realizar un programa de formación y capacitación en materia de trata de personas especialmente dirigido a funcionarios policiales, operadores de justicia, jueces, fiscales del Ministerio Público, coordinadores regionales de prevención del delito, defensores municipales y consejeros estadales de protección de niños, niñas y adolescente. También se capacitaron líderes preventivos comunitarios con el objeto de multiplicar la información en sus localidades. En el mismo sentido se impulsó la realización de campañas informativas dirigida a la población general  que se concretó a través de la producción de 4 micros informativos, la creación de una línea telefónica (call center) para recibir denuncias, la ubicación de pendones en sitio estratégicos y la distribución de afiches y  volantes informativos. 

 

Analizando estos documentos se puede observar que la información presentada por Venezuela en la Conferencia Sudamericana es muy reducida en comparación con las planificaciones mucho más complejas  desarrolladas por los otros países participantes. A pesar de la inexistencia de información estadística sobre trata, el informe venezolano no contempla la necesidad de desarrollar una investigación diagnóstica para detectar tipos, modalidades, redes, rutas, mecanismos de reclutamiento, etc. Sobre este aspecto existe cierta contradicción con lo señalado en una entrevista realizada durante la reunión de la OEA en Margarita (2006), en la cual la  Directora General de Prevención del Delito[62] informaba que el Ministerio del Interior y Justicia, con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización para las Migraciones (OIM), trabajaba en el diseño de una investigación con un enfoque exploratorio – descriptivo, acerca de la existencia de la trata de seres humanos focalizado en las principales ciudades fronterizas y de alta densidad demográfica en el país. También acotaba que ya se había iniciado una investigación dirigida a explorar el conocimiento del tema de trata de personas por parte de los funcionarios que conforman los distintos organismos de seguridad ciudadana. Lamentablemente no ha sido posible conocer los resultados de estas investigaciones, ni se ha mencionado su existencia en fecha posterior.

 

En el 2008, en el Informe sobre acciones realizadas en materia de prevención del delito de la trata de personas presentado por el gobierno de Venezuela[63] se menciona haber extendido a los años 2007 y 2008 la alianza con UNICEF iniciada en el 2006;  los frutos de esta alianza fueron los siguientes:

a. La elaboración de un Plan de Acción de la República Bolivariana de Venezuela para Prevenir, Reprimir y Sancionar el Delito de la Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas. Este plan se proponía desarrollar objetivos, áreas de intervención y estrategias para la prevención, represión, sanción  y asistencia integral a las víctimas del delito de trata de personas, en la República Bolivariana de Venezuela, y estaría fundamentado en las orientaciones y directrices planteadas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado en la ciudad de Palermo, Italia en el año 2000.

b. La realización de un Plan de Capacitación y Difusión a nivel nacional, el cual incluía la sensibilización de un número importante de funcionarios de seguridad a través de talleres destinados para la capacitación y formación de los mismos en esta problemática, y la difusión de la información especialmente en los sectores populares, en el interior del país como en el Área Metropolitana de Caracas. Específicamente, se había ofrecido un taller denominado “Elementos Básicos de la Trata de Personas”, dirigido a niños, niñas y adolescentes en escuelas y liceos, y un taller denominado “Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes”, dirigido a funcionarios de los diferentes organismos públicos y privados. Aquí se vuelve a mencionar la producción de los mismos materiales para la difusión incluidos en el informe del 2007 (afiches para comunidades y centros educativos;  volantes para su distribución en aeropuerto, comunidades y transporte público; pendones alusivos al delito para su instalación en aeropuertos; y trípticos para su distribución masiva). Se anexa al informe la imagen del tríptico y del afiche principalmente orientados a prevenir el engaño de ofertas de trabajo al exterior. Al mismo tiempo se menciona la realización de una campaña de difusión a través de 4 micros informativos sobre la trata mencionando la línea 0800-CONTIGO, para canalizar las denuncias. La línea se puso en funcionamiento en julio 2008 por la  Dirección de Prevención del Delito del Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia, aunque su funcionamiento ya aparecía citado en el informe del año anterior.

c. La elaboración de un Manual para la Protección y Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas, con especial énfasis en Mujeres, Niños, Niñas y adolescentes, a fin de de evitar la revictimización y respetar los derechos fundamentales de toda persona humana dentro del territorio nacional, así como a los venezolanos que se encuentran en el extranjero.

 

Según el informe, los casos procesados de trata de personas en el 2007 fueron 22 y los imputados por este delito fueron 13[64]. En el mismo informe se presentan cifras relativas al plan de capacitación correspondiente al año 2007. Las personas capacitadas fueron, en total, 10,647 (CICPC: 1,711; Funcionarios: 388;   Padres y Representantes: 5,339;  Docentes: 458; Líderes comunitarios: 2,409;  Reclusos: 25;  Funcionarios de otras instituciones: 137). En otra fuente de información se habla de haber formado 7000 guardias nacionales y 5000 participantes de Consejos Comunales[65].

En general la información no es precisa y a veces contradictoria, lo que dificulta lograr una visión completa de todas las acciones realizadas en el lapso 2004-2008. Con relación a los resultados de la capacitación a funcionarios públicos, la evaluación del Departamento de Estado de EE.UU. señala que:

….la alta rotación de personal parece haber obstaculizado, en general, el progreso en las acciones contra la trata. Un personal totalmente entregado a esta tarea ayudaría con los esfuerzos del gobierno, así como la capacitación en la instrumentación de las diferentes leyes contra la trata y las distinciones entre los delitos de contrabando de extranjeros y la trata”[66].

 

En cuanto al plan de difusión, no está claro si el esfuerzo ha sido sostenido a través del tiempo, es decir, si hubo un seguimiento del programa iniciado en 2005 y con qué intensidad se realizó en el 2008. Posiblemente esas campañas de concientización tienen que realizarse en forma sostenida en el tiempo para lograr los resultados esperados. Por otra parte, tampoco se ha hecho mención de un estudio que evalúe el impacto de la campaña de difusión. En los materiales utilizados en las campañas de difusión, en general, no se hace ninguna referencia explícita a la explotación sexual comercial.

En cuanto a la protección de las víctimas, el gobierno no opera albergues para tal fin y confía en algunas organizaciones no-gubernamentales la tarea de proporcionar la mayoría de la asistencia a las víctimas sin brindarles, por otra parte, ayuda financiera.

Con referencia al problema de la pornografía infantil, en el año 2007, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Coordinación Regional de Prevención del Delito del Estado Zulia mencionó la creación de un Plan Piloto para la Lucha contra la Pornografía de Niños, Niñas y Adolescentes; para su aplicación se escogió el Municipio Maracaibo. También se aplicó el Plan Piloto en las Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Caracas. Tampoco se tiene información sobre el resultado de estas acciones.

Por su parte, la ONG AMBAR está desarrollando, desde el año 2005, un programa de prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil ESCI, “Casa Hogar Taller AMBAR”. El programa está orientado a la construcción de opciones y proyectos de vida fuera de la ESCI y se desarrolla en tres vertientes: una campaña continua de promoción y captación de adolescentes en situación de ESCI y/o de Riesgo Social (Subprograma Educadores de Calle), la implementación de Servicios de atención Psicológica, Legal y Médica y el Plan de formación integral: Área Vocacional y Proyecto de Vida. Hasta el momento se han beneficiado de este programa 340 adolescentes entre 14 y 17 años. El programa prevé la reinserción de las niñas y adolescentes en el sistema escolar, la capacitación para que puedan desarrollar actividades productivas y promover el reencuentro con sus familiares. En Septiembre 2007 AMBAR  estableció una alianza con la Alcaldía del Municipio Chacao a través del Fondo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para apoyar este programa.

 

Participación de las ONG

 

La ONG AMBAR y el grupo de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor estructuraron el Módulo de Prostitución y Tráfico de Mujeres y Niñas como parte del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. El Módulo quiere ser una instancia de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en situación de explotación sexual, para lograr una mujer libre en ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales.

En cuanto a la participación de las ONG en los planes del gobierno, a veces en los informe oficiales se mencionan las alianzas con AMBAR, CECODAP y AVESA.  Según lo que aparece en el informe 2008, estas tres ONG participaron en la elaboración del Plan de Acción Nacional contra la Trata, pero las relaciones con estas organizaciones eran desiguales y no se tomaron suficientemente en cuenta sus aportes. La ONG AMBAR participó también por dos años en la comisión encargada de la elaboración de la Ordenanza.  Igualmente participó en la Reunión de las Autoridades Nacionales que se realizó en la isla de Margarita en el 2006.

 

Estudios realizados

 

Al no existir estadísticas nacionales, con frecuencia la única fuente de información son las estadísticas internacionales, siempre y cuando las instituciones encargadas de publicarlas hayan recibido insumos de las instituciones públicas venezolanas. Cuando esto no sucede, se producen vacíos informativos a nivel internacional, tal como se mencionó en el caso del Informe de UNICEF a propósito de las estadísticas venezolanas sobre el SIDA.

Por otra parte, el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) no ha cumplido hasta el presente con el compromiso tomado con la CEDAW de recoger estadísticas completas y actualizadas sobre trata, explotación sexual y prostitución infantil. No se han publicado tampoco estudios realizados por las instancias públicas con información sobre las causas y alcances de la prostitución, ni sobre la trata de mujeres y niñas. La información que se tiene hasta el momento es la producida por estudios realizados por las ONG, en algunos casos, en colaboración con algún centro educativo a nivel universitario.

En el año 2008, el gobierno creó el Observatorio Bolivariano de Género (OBG) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de hacer un seguimiento y análisis de las políticas dirigidas hacia la mujer, velar por el respeto de sus derechos y además recoger información estadística sobre las mujeres para subsanar la falta de estadísticas oficiales que permitan evaluar la magnitud del problema y orientar las políticas públicas pertinentes. En julio de 2009 se anunció la culminación de la investigación realizada durante el primer año de existencia del OBG. Sin embargo, no se tiene acceso todavía a los resultados de la investigación.

 

El grupo AMBAR siguió la línea de investigación sobre prostitución infantil iniciada en 2003, con el estudio de 104 casos en el Casco Histórico del Municipio Libertador de Caracas.[67] Se trata de un estudio sobre explotación sexual vinculada exclusivamente a la situación de calle que buscaba recolectar información sobre las relaciones de carácter espacio-temporal que marcaban la dinámica de ESCI en la zona. Se utilizó una estrategia diagnóstica que consistía en el levantamiento de un “Mapeo zonal de la situación de ESCI” para el abordaje de la percepción e identificación de los procesos claves que definen las dinámicas de permanencia y movilidad de la ESCI a través de las opiniones e informaciones de actores vinculados desde diferentes sectores de la realidad social: los  propios sujetos, los Actores de Calle y los Actores Locales.[68]Como metodología se utilizó la Evaluación Rápida.[69]

 

En 2006 se presentaron los resultados de un segundo estudio realizado con la misma metodología en el Municipio Chacao del Estado Miranda, con especial énfasis en el mapeo de sensibilidad del problema de ESCI e identificación de las zonas críticas para detectar la dinámica de explotación interna del Municipio incluyendo los patrones de movilidad de las menores explotadas.[70] Las áreas estudiadas fueron: el perfil de explotación sexual (identificación, historia sexual y prostitución, planificación familiar e ITS, alcohol y drogas, familia y situación personal, aspiraciones y deseos) y  el mapeo de sensibilidad a la ESCI, es decir, la percepción de la situación por parte de los Actores de Calle y de los Actores Locales. Como resultado se pudo describir la dinámica de la explotación en sus diferentes modalidades y su localización en las zonas críticas Se elaboraron los mapas de Sensibilidad según la presencia de ESCI alta o media en cada sector y su evolución en el tiempo. Se pudo concluir que, en el municipio estudiado, la ESCI vinculada a la prostitución de calle puede estar afectando a una población de entre 80 a 90 niña(o)s bajo las modalidades de “Explotación desde las Redes” y “Explotación de carácter permanente”, y pudiera extenderse entre 120 a 130 niña(o)s si se suma la incidencia de la “Explotación de carácter esporádico” y la “Explotación adaptada a movimientos económicos”. Del perfil de explotación sexual se observó que el 87% son de sexo femenino, cuya edad varía entre 14 y 17 años, aunque afirman tener más edad y ser residente de otro municipio; 55% tienen 1 o 2 hijos, y se iniciaron en esa actividad por influencia de amigas (50%)  o por iniciativa propia o por un familiar (31%); 44% dice no sentirse bien en ESCI y quisieran salir de la situación. En cuanto al ingreso percibido, el 52% afirman que en un “buen día” pueden ganar  entre 500 y 1000 Bs.F, y en un mal día entre 80 y 200. Para el 29% este recurso es utilizado para sostener los hijos o la familia. El conocimiento sobre anticonceptivo se limita principalmente al condón (96%) y a la píldora (30%). El uso es más reducido, 61% usa el condón y/o la píldora; cuando el cliente no quiere usar el condón, la tarifa es superior. El conocimiento sobre el SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es muy escaso. El uso de drogas y alcohol es frecuente porque les permite minimizar y/o neutralizar el asco que sienten al estar con algunos clientes. En cuanto al conocimiento que tiene la familia sobre sus actividades, 69% dijo que por lo menos un familiar sabe a qué se dedican. Su relación con los policías no son muy positivas, no se sienten protegidas, sino amenazadas de extorsión; los visualizan como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades. Los Actores de Calle consideran que el 63% de los residentes del Municipio conocen y/o rechazan el problema pero no generan ninguna acción. Sólo el 22% piensan que la sociedad debería hacer algo. El 8% de los Actores Locales opinan que el Municipio atrae la ESCI por las condiciones económicas de sus habitantes, por la atracción del comercio y por ser un ambiente más seguro que los otros municipios de la ciudad.

Con base en los resultados obtenidos se recomendó la implementación de estrategias de intervención según las características de cada sector. Además, la coexistencia de las distintas modalidades detectadas hace que el problema de la ESCI sea difícil de abordar sólo con patrones represivos o métodos coercitivos. Así mismo se recomendó trabajar desde perspectivas que enfocaran a los clientes para desalentar la demanda: se sugirió generar una matriz de opinión que estimule  la denuncia y aprensión de los abusadores, redes y explotadores; implementar programas de cooperación con los cuerpos policiales para facilitar la captura y castigo de los abusadores, así como de prevención a través de ayuda psicológica a quienes la necesitaran. 

 

Apoyándose en la experiencia acumulada (desde 1999) a través de los estudios realizados y los programas de asistencia, prevención y abordaje de la Explotación Sexual Comercial Infantil y adulta, en el año 2007 AMBAR presentó al Instituto Nacional de la Mujer una propuesta de estudio de línea de base  sobre la situación de prostitución y explotación sexual. El estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, se realizaría en los cuatro estados más afectados por el problema  (Anzoátegui, Falcón, Monaga y Zulia) y tendría el objetivo de potenciar la generación de respuestas institucionales y estrategias conjuntas para el abordaje de la explotación sexual comercial infantil y la situación de prostitución adulta. La propuesta fue rechazada por ser considerada demasiado costosa. El mismo tipo de estudio se reformuló para tres Estados, Anzoátegui, Bolivar y Distrito Capital y se está buscando financiamiento de otras instituciones.  

 

Paralelamente el grupo AMBAR realizó una investigación sobre los derechos humanos de las prostitutas analizando sus condiciones de vida y de trabajo en locales de Caracas. Los resultados del estudio están actualmente en la etapa de procesamiento estadístico.[71]

 

Se realizaron dos estudios sobre prostitución adulta. El primero[72] fue realizado por el Centro de Investigación y Formación Humanística CIFH de la Universidad Católica Andrés Bello y  la Congregación de Hermanas Oblatas que ha venido trabajando en Venezuela desde el año 1960 con mujeres dedicadas al trabajo sexual. Se planteó como objetivo establecer el perfil sociodemográfico de mujeres dedicadas al trabajo sexual con una selección intencional de 500 mujeres dedicadas al menos desde hace un año a la prostitución en 4 ciudades, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico estructurado con preguntas cerradas sobre 5 secciones: datos generales, historia laboral, situación laboral actual, riesgos y control del trabajo sexual y expectativas hacia el futuro. Los resultados del estudio revelaron que a este trabajo se dedican principalmente mujeres jóvenes con al menos 2 hijos, edad promedio 31 años, principalmente solteras. De ellas, el 54% finalizaron la primera etapa de educación básica y 23% iniciaron la segunda etapa; tienen vivienda consolidada y con servicios (89%); económicamente mantienen un promedio de 3 personas. Se incorporan a la población económicamente activa desde muy temprana edad, por la necesidad de aportar económicamente a sus hogares. Las actividades que anteceden a la incursión en el trabajo sexual son el servicio doméstico y el trabajo informal. Destaca la actividad de bailarina en locales nocturnos.

La principal causa de incursión en el trabajo sexual es la necesidad de apoyar a la familia. Al principio el trabajo sexual es considerado una alternativa, pero pronto se convierte en la actividad principal. Al comienzo reciben el apoyo de familiares y/o amistades.

El 56% ejerce diariamente, las otras sólo los fines de semana o cuando lo necesitan

El ingreso promedio supera el salario mínimo y cualquier sueldo percibido en las actividades laborales anteriores. Sin embargo, no es percibido como un ingreso importante, lo que implica una desvalorización aun mayor de cualquier oficio formal promedio.

En general, conciben la actividad como mala, riesgosa y con muy poca satisfacción, y muestran una alta disposición para abandonarla (67%), pero señalan que la falta de oportunidades laborales (44%) y la imposibilidad de percibir un mejor sueldo (46%) las mantienen en el trabajo sexual. A pesar de este panorama en el presente, las expectativas en tres años para todas se ubican fuera del ejercicio del trabajo sexual.

 

El segundo estudio fue realizado en la Universidad del Zulia (Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) con la colaboración de las Hermanas Oblatas.[73]. El objetivo de la investigación era realizar un diagnóstico socioeconómico-demográfico, psicosocial y laboral de la situación de estas mujeres para relacionar la problemática de la pobreza y la exclusión social con la situación de prostitución.

Se utilizó la metodología de estudio de caso aplicando las técnicas de entrevistas semi-estructuradas, abiertas y en profundidad y la observación participante. Se seleccionaron 15 mujeres trabajadoras sexuales (de la Plaza Bolívar y del Paseo Ciencias de Maracaibo) quienes voluntariamente sirvieron como informantes claves, y se complementó la información con 15 informantes secundarios pertenecientes a instituciones locales, tanto públicas como privadas, que de manera directa o indirecta tenían injerencia en la situación estudiada.

En esa zona de la ciudad, trabajan entre 60 a 70 mujeres. Su actividad es independiente, no hay proxenetas detrás de ellas. Establecen su propio horario de 8 horas diarias, y atienden entre 2 y 10 clientes, normalmente fijos. Su ingreso promedio se acerca a los dos salarios mínimos. Su edad varía entre 30 y 60 años, tienen entre 3 y 7 hijos y tienen pareja. Llevan el mayor sustento al hogar manteniendo entre 4 y 8 personas.

Se iniciaron en el oficio por necesidad económica: lo poco que ganaban en el trabajo anterior no les permitía satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar. Al principio fue una opción para superar el momento de precariedad, pero después se acostumbraron y se quedaron ejerciendo el oficio porque el escaso nivel de educación no le permitía incorporarse al mercado laboral con el mismo nivel de ingreso. Al preguntarles por qué no acuden a las Misiones educativas para elevar su nivel de escolaridad, dicen no tener tiempo para hacerlo. No acuden con la frecuencia exigida al control sanitario, y a veces pagan para obtener los documentos sanitarios sin asistir. No  consumen ni droga ni alcohol y usan el condón.

En la comunidad no existen instituciones públicas dirigidas a la asistencia focalizada de la mujer en situación de prostitución. Reciben ayuda y asistencia de ONG privadas y religiosas (las Oblatas). Son atendidas por la Prefectura o Policía sólo en caso de maltrato y violencia  intrafamiliar.

Sienten profundamente el estigma social que acompaña su oficio y esperan, en un futuro, encontrar otra solución para satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar.  Piensan en actividades informales pero independientes, donde no tengan jefes, como, por ejemplo, comercio informal (ropa, cosméticos), o hasta venta de chucherías en la casa. Sin embargo, estas posibilidades dependen exclusivamente de su iniciativa particular pues los organismos competentes no intervienen en su favor.

Los dos estudios permiten sacar algunas conclusiones tentativas que podrán ser verificadas y ampliadas con los resultados de estudios más amplios a realizarse en un futuro. En cuanto a los antecedentes, el mayor porcentaje de las mujeres entrevistadas se inició a muy temprana edad en el mundo laboral, motivadas en gran parte por las carencias económicas y necesidad de aportar al núcleo familiar. La interrupción de los estudios hace que el promedio de escolaridad y capacitación  sea bajo y  constituya un obstáculo para dedicarse a otras actividades. Se iniciaron por referencias de alguna persona cercana y motivada por las necesidades económicas; la mayor proporción tiene el menos entre 3 y 6 años dedicadas al trabajo sexual. Al principio el oficio es considerado una alternativa para solucionar una situación apremiante, pero pronto se convierte en la actividad principal.

En cuanto al aspecto económico, su ingreso promedio se acerca a los dos salarios mínimos, pero puede llegar a ser seis veces más alto. Sin embargo, la valoración es negativa: más del 50% de las entrevistadas afirma que esta suma es poco para el trabajo que realizan, lo que evidencia un alto nivel de insatisfacción por su condición laboral actual. Además, con frecuencia sienten profundamente el estigma social que acompaña su oficio.

Las expectativas hacia el futuro revelan un fuerte anhelo por migrar a otros espacios laborales y dedicar más tiempo a su hogar. Un mejor empleo, o bien la oportunidad de realizar algún otro trabajo independiente las motivaría a abandonar esta labor. Sin embargo, el propio dinero que ganan, constituye un obstáculo para animarse a cambiar de actividad. En general, el ingreso que se obtiene de este oficio supera con creces a cualquiera que podrían obtener en un empleo formal acorde con su preparación, lo que compite seriamente con otras alternativas formales. Difícilmente podrían percibir un ingreso superior, por lo tanto, la carencia de formación e instrucción para ser absorbidas por el mercado laboral formal, les dificulta superar su condición  de pobreza.

Un aspecto favorable para el trabajo con mujeres en esta situación es la alta disposición que se evidencia para abandonar la situación de prostitución, pero la falta de oportunidades laborales constituye una barrera importante para el trabajo de rehabilitación e intervención y las mantienen en esta situación. Es imprescindible desarrollar programas de formación, para elevar el nivel educativo y ofrecer capacitación laboral que las ayude en su inserción en el mercado laboral formal. Y, finalmente, una de las investigadoras nos recuerda que  “si la lucha con la prostitución o el trabajo sexual es esencialmente económica, no va a tener éxito; la vía de la rehabilitación debería consistir en destacar otros atractivos, lo que supone entender otras variables de orden psicográfico para generar estrategias persuasivas más exitosas”[74].

 

 

Conclusiones

 

a. El problema de la prostitución es un tema que afecta a las mujeres y a los hombres en general; no puede ser ignorado, ni considerado tolerable por tener poca visibilidad. Hay que lograr que este problema salga a la luz puesto que es de vital importancia la toma de conciencia por parte de la sociedad en su conjunto.

b. El ejercicio de la prostitución no es una expresión de libertad sexual, ni  tiene que ver con el disfrute del sexo sino sólo con el dinero. Es una forma de explotación que implica y genera violencia, vejación, desprotección, desprecio y marginalización. Por lo tanto es importante instaurar la cultura del rechazo a este tipo de comercio de seres humanos y para ello hay que movilizar las conciencias y las políticas

c. Un cambio en las leyes puede conducir a un cambio en la mentalidad.

d. Así como ha evolucionado la actitud de la sociedad hacia la violencia doméstica, se puede esperar que se logre cambiar la percepción sociocultural de la prostitución.

 

Recomendaciones

 

- Es necesario impulsar programas de prevención, rehabilitación y reintegración de las víctimas de trata con fines de explotación sexual (con financiamiento público)

- Se necesitan programas de capacitación para las personas que deben dar asistencia a la víctima (jueces, fiscales, policías, etc.).

- Hay que asegurar la asistencia contra las amenazas de los proxenetas que mantienen las mujeres bajo su control.

- Hay que abordar el tema desde el conocimiento que proporciona la investigación con enfoque multidisciplinario, y que toma en cuenta tanto la perspectiva de la persona que ejerce la prostitución como el punto de vista del cliente, considerando que la prostitución existe porque los clientes la demandan.

- A pesar de las dificultades de recolectar estadísticas y datos confiables, hay que detectar el vínculo entre prostitución, tráfico de personas y redes criminales, desigualdad de género.

- Hay que aumentar la eficiencia en la persecución de las redes internacionales tráfico

- Es necesario hacer visible el problema ante la ciudadanía; hay que develar las condiciones de injusticia, violencia y soledad en las que viven las prostitutas para que sean  denunciadas por la sociedad y se reconozca la prostitución como esclavitud sexual.

- Hay que implementar campañas para desalentar la demanda imitando las modalidades exitosas utilizadas en otros países.[75]

- Es necesario impulsar leyes que respondan a las necesidades de protección y apoyo de las mujeres en situación de prostitución, generando alternativas de vida que posibiliten el optar por abandonar la prostitución, así como establecer políticas de inserción social y laboral para las mujeres víctimas de explotación sexual.

 

Finalmente, hay que reconocer que la valoración de la mujer está en el centro de la cultura. Cuando existía la esclavitud, la mujer era doblemente esclavizada, por su trabajo y por el sexo, en cuanto poder reproductor y fuente de placer. La prostitución sigue generalizando la mirada a la mujer como objeto sexual. Por lo tanto, “La actitud que una sociedad tienen frente a la prostitución, viene a ser un barómetro con  que se mide el grado a que la mujer ha sido reducida: es decir, su cosificación.”[76] En el mercado mundial del sexo, la mujer es reducida a un objeto y mercancía.